11/07/2006

 

Racionalidad ambiental y pueblos indios

Reflexión en torno a la viabilidad de la racionalidad ambiental en el contexto actual de México


La lucha de los pueblos indios por la defensa de sus recursos naturales se remonta a la época colonial, desde entonces la constante han sido los despojos que han sufrido. Durante el recién terminado siglo XX, se impulsaron proyectos que han violentado la vida comunitaria de los pueblos por ejemplo la construcción de las grandes presas en Oaxaca y Chiapas a mitad de siglo, provocaron el desplazamiento de comunidades enteras. Pero este tipo de agresiones en contra de los pueblos y sus recursos continúan el caso de proyecto de la presa la parota en Guerrero lo ilustra muy bien. Con esto quiero señalar que la constante en la historia de los pueblos indígenas ha sido la defensa de sus recursos naturales, y esto ha sido a costa de la vida misma.

En ese sentido la propuesta de racionalidad ambiental de Leff, tiene una parte que me parece un poco utópica, y hasta romántica, su propuesta necesita un marco distinto del sistema capitalista. Si bien reporta los casos de los pueblos de Colombia y otros, son casos excepcionales, la tendencia general es la imposición de leyes que dificultan cada vez más retomar los principios colectivos y de relación armoniosa con el medio ambiente en que se basa la vida de los pueblos indios. La lógica, como el autor señala es la perspectiva monetaria de los recursos naturales, y en ese sentido se han creado reformas legales como (en el caso de México) a) la reforma agraria de 1992, b) la ley de aguas nacionales de 1992.

En mi opinión es necesario reconocer los derechos colectivos de los pueblos indios, tal situación es necesaria para avanzar en la dirección que Leff propone, lo cual es bastante lejano de lograr si en el cado de México apenas y se reconoce legalmente la diversidad cultural de la nación con la reforma del artículo cuarto constitucional de 1992.

Para que en México se lograra o por lo menos aproximarse a crear las condiciones mínimas para lograr un avance en la dirección en que apunta Leff, se debieran cumplir los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996. Por el contrario las políticas estatales en contra de los pueblos indígenas se recrudecen. Así el autor afirma:

Los nuevos movimientos del medio rural desafían la hegemonía del poder político y económico, de los procesos de decisión y gobernabilidad; son luchas por la producción y por la democracia que implican participación directa de las poblaciones en la construcción de una nueva racionalidad social y un nuevo paradigma de producción. (p.438)

Pero si evaluáramos los avances de los pueblos en tal materia el resultado no es muy alentador, y creo que la posibilidad de lograrlo es bastante adverso.

El verdadero reto es desarrollar nuevas formas de articulación de una economía global sustentada con economías locales, mejorando el potencial ambiental de cada localidad y preservando la base de recursos naturales y la diversidad biológica de los ecosistemas. Los principios de la productividad ecotecnológica y la agroecología plantean la posibilidad de construir una economía más equilibrada, justa y productiva, fundada en la diversidad biológica de la naturaleza y la riqueza cultural de los pueblos.

Leff no dice como lograr esto, sostengo que ello depende de reformas legales que otorguen derechos específicos a los pueblos indígenas, lo cual, en el actual contexto de respuestas represivas ante las demandas campesinas y populares como la APPO en Oaxaca suena a “utopía”. En el mismo sentido Leff afirma:

(…)el estado debe asumir el compromiso de transferir conocimientos a las comunidades y generar una mayor capacidad técnica (…)” (p. 431)

A pesar que el autor posteriormente afirma que los movimientos sociales se enfrentan a las políticas liberales de los estados y que las poblaciones rurales se orientan a la construcción de una racionalidad productiva, los casos de proyectos exitosos son excepcionales. La constante en la lucha de los pueblos indios por la defensa de los recursos naturales pasa por enfrentar la fuerza militar del estado, por ejemplo la experiencia de la defensa del agua en Cochabamba Bolivia, después de una confrontación directa con la policía echaron atrás la privatización del agua.

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